Desde la presidencia de la Convención Constitucional se negaron a aceptar las renuncias, lo que abre la puerta a posibles sanciones políticas contra los opositores, tal como lo establece el artículo 111 de la Constitución provincial, que requiere mayoría especial para aceptar ceses en el cargo.

Este quiebre político no es un accidente. Es una clara señal de que el “Modelo Formoseño” que lleva décadas consolidándose bajo Insfrán busca perpetuarse incluso mediante mecanismos institucionales dudosos. La renuncia no fue una salida voluntaria: fue una forma de denunciar públicamente que lo que se está escribiendo no es una reforma democrática, sino un guión para preservar un poder vertical.

Si la "unidad" que pregona el oficialismo sólo es control y censura, la resignación de estos convencionales muestra que las instituciones en Formosa ya no funcionan como contrapeso al poder, sino como instrumento de su autoritarismo.