Por eso, los datos específicos sobre el destino del dinero son escasos y opacos. Formosa recibe unos 2,350 dólares por habitante en coparticipación, frente a los 900 dólares promedio nacional, según Idesa, pero sigue exhibiendo un 40 por ciento de pobreza (INDEC) y solo 3.8 empresas privadas por cada 1,000 habitantes (Fundación Observatorio Pyme).

Esta contradicción alimenta las sospechas de una gestión discrecional, donde el supuesto superávit fiscal, destacado por Insfrán en su discurso de 2023 como un logro de 21 años, podría esconder subejecución o desvíos.

Además, las denuncias concretas refuerzan estas dudas. En 2025, la diputada provincial Gabriela Neme reveló que Insfrán adquirió una Toyota Land Cruiser 300 VX, valuada en más de 210,000 dólares, con fondos de un fideicomiso destinado a salud, seguridad y tecnología.

Con documentos en mano, Neme mostró pagos desde cuentas públicas, pero el gobierno no ofreció explicaciones ni desgloses. A esto se suma un análisis de 230 documentos de 2024 que expuso pagos millonarios a empresas como Pilaga Construcciones, presidida por Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán, sin avances claros en las obras.

Entonces, el control institucional brilla por su ausencia. La Legislatura, dominada por el oficialismo, no publica la cuenta de inversión ni ejerce fiscalización efectiva, y la Justicia local, según el constitucionalista Daniel Sabsay, carece de independencia.

En 2020, Infobae informó que ni siquiera con pedidos judiciales la oposición logró acceder a datos presupuestarios. Así, el “Modelo Formoseño” se sostiene en un blindaje político que frustra cualquier intento de rendición de cuentas.

En consecuencia, la falta de transparencia no solo impide conocer el uso real de los fondos, sino que perpetúa un sistema bajo sospecha de clientelismo y malversación.

Con 68 empleados públicos por cada 100 habitantes (Cippec) y una economía estancada, Formosa parece atrapada en un esquema donde el poder de Insfrán prevalece sobre la claridad. Las denuncias, como la de Neme, son apenas la punta de un iceberg que el gobernador mantiene sumergido tras un velo de secretismo.