¿La jugada? Inhabilitar a los fiscales del frente bajo la excusa de que deben ser oriundos del departamento donde actuarán, un requisito sacado de la manga que huele a desesperación por ocultar irregularidades.

El documento, firmado por los jueces Claudio Daniel Moreno, Verónica Gabriela Hans de Dorrego y Sandra Mercedes Moreno, exige que los fiscales presenten DNI, permiso habilitante y cumplan con requisitos como “saber leer y escribir” y estar inscriptos en el padrón local.

Suena razonable, ¿no? Pero Neme no se traga el cuento y lo califica como “inventar una norma para obstaculizar la fiscalización”, un golpe bajo en plena veda electoral. La ironía no pasa desapercibida: mientras el gobierno presume de transparencia, sus movidas parecen diseñadas para apagar los ojos de la oposición a menos de 12 horas de los comicios.

Pero esto no es nuevo. Insfrán, con 28 años en el poder, perfeccionó un modelo basado en el clientelismo más crudo: empobrecer a la gente y luego usar su necesidad como arma electoral. Cambiar votos por mercadería o nafta no es un rumor, sino una práctica que la oposición señala como habitual en su búnker.

Es un cálculo cínico: si la gente no tiene para comer, el dictador les tiende la mano… a cambio de su voluntad en la urna. Y ahora, con las elecciones en juego, el intento de desmantelar la fiscalización opositora sugiere que el miedo a perder lo lleva a jugadas cada vez más burdas.