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VIDEO | El ministro de Ambiente se quejó del bombeo ilegal de agua en la provincia, pero Insfrán se mantiene en silencio

La falta de acción por parte del Gobierno provincial genera interrogantes sobre posibles acuerdos ocultos detrás de esta problemática.

El ministro de Desarrollo y Ambiente de Formosa, Rolando de Barrosse sumó al reclamo por el bombeo ilegal de agua por parte de arroceras paraguayas, mientras el gobernador Gildo Insfrán permanece en silencio.

La falta de acción por parte del gobierno provincial genera interrogantes sobre posibles acuerdos ocultos detrás de esta problemática. El río Paraguay es un recurso hídrico esencial para el abastecimiento de agua potable, la agricultura, la ganadería y el transporte.


La extracción no autorizada de agua por parte de las arroceras ya ha resultado en sanciones impuestas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay (MADES) y en la intervención de la justicia paraguaya por delitos ambientales, lo que derivó en multas y otras penalidades administrativas.

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, advirtió que la situación podría agravarse con la llegada anticipada del fenómeno "La Niña" durante el primer trimestre del año, lo que podría ocasionar un grave desabastecimiento de agua en ambos lados de la frontera.

Las cuencas arroceras ubicadas en la región de Villeta y San Pedro están generando una disminución significativa en los niveles hídricos del río, afectando no solo a Formosa sino también a provincias como Mendoza y otras regiones de Argentina que dependen del recurso.

A pesar de la gravedad de la situación, el MADES ha optado por una postura prudente. "Se están llevando a cabo estudios y se emitirán informes oficiales en los próximos días", indicaron fuentes del organismo.

Mientras tanto, la comunidad de Villa Florida, en el departamento paraguayo de Misiones, denunció que los arroceros continúan extrayendo agua del río Tebicuary de manera indiscriminada. Sin embargo, ni la Fiscalía ni el MADES han brindado respuestas concretas a los reclamos.

La falta de medidas inmediatas por parte de las autoridades podría derivar en un serio problema ambiental y social, afectando el acceso al agua de miles de personas y la sostenibilidad de las actividades productivas en la región.

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