El trabajador municipal detalla que el pago puede realizarse “por QR o en efectivo” y que a cambio se entrega un certificado que permite el libre tránsito dentro de la ciudad hasta las 0 horas del día. Cuando el camionero pregunta el monto, el empleado responde con precisión: “23.426 pesos”, y agrega una frase que generó enojo generalizado: “Si no tenés plata, ya cagaste.”

La medida, de acuerdo con juristas consultados, carece de sustento legal. Las rutas nacionales son jurisdicción del Estado nacional, y ningún municipio puede imponer peajes o tributos sobre ellas. Por tanto, el cobro sería ilegal, inconstitucional y podría configurar un delito de exacción ilegal o abuso de autoridad.

Transportistas y usuarios de la ruta expresaron su repudio en redes sociales, denunciando que este tipo de prácticas atentan contra el libre tránsito y generan inseguridad y sobrecostos para el sector logístico. Además, reclamaron la intervención de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Justicia Federal para investigar los hechos y determinar responsabilidades.