Según el informe publicado por la prensa, Servín (quien había pronunciado declaraciones públicas donde afirmaba que no aceptaría ni juraría una banca por considerar ilegítimo el proceder del gobierno provincial) terminó por jurar la banca que dejó vacante Guillermo Federico Evans.

Ese viraje, abrupto y llamativo, se suma a la renuncia de seis convencionales que denunciaron el "manejo arbitrario" del proceso y hablaron de una supuesta "Constitución Chavista", terminología que refleja el rechazo y la alarma que despierta entre opositores la forma en que se llevan adelante los tiempos y las decisiones en la Convención.

La contradicción entre el discurso y el hecho pone en tela de juicio no solo la sinceridad política de quienes protagonizan el episodio, sino el andamiaje institucional que permite que una provincia entera asista a un reemplazo de posiciones cruciales sin respuestas claras sobre transparencia y legitimidad.

Servín había sido contundente en sus críticas: llamó a la intervención de la provincia, fustigó al radicalismo local por su falta de reacción y catalogó al modelo de gobierno como "totalitario".

Ese diagnóstico público contrasta con su decisión de tomar juramento y formar parte de un cuerpo cuya composición y funcionamiento vienen siendo cuestionados por sectores críticos al oficialismo.

Más allá del gesto individual, lo relevante es el contexto: una Convención que pierde miembros por denuncias de "manejo arbitrario" y, simultáneamente, recibe juramentos que intentan normalizar la continuidad del proceso.

Para la oposición, esto no es un simple episodio de tránsito político interno, sino la confirmación de un patrón: cuando la presión pública y el escrutinio crecen, el gobierno busca recomponer la escena institucional incorporando piezas que neutralicen el conflicto y den apariencia de normalidad.

El resultado es una debilitación de la confianza ciudadana en un proceso que exige máxima transparencia y pluralidad.

Las críticas se suman a un reclamo más amplio: que cualquier reforma constitucional deba construirse con participación genuina, garantías procesales y debates abiertos que no queden reducidos a maniobras de escritorio.

La sustitución de convencionales, las renuncias colectivas y la incorporación de reemplazos con declaraciones previas opuestas a su actual actuación exigen explicaciones públicas creíbles.

Los formoseños merecen saber por qué quienes denunciaron con dureza el procedimiento ahora participan de él, y si detrás de esos giros hay acuerdos, presiones o simples decisiones individuales comprensibles en clave política.

Para un sector importante de la sociedad provincial, este episodio confirma temores históricos: la captura de espacios institucionales por parte de una estructura de poder que controla no solo la administración diaria, sino también los canales donde se define la arquitectura política del futuro.

Cuando la disputa por la Constitución se convierte en otra arena de dominación, la salida democrática se empobrece y las reglas del juego se distorsionan.

La oposición exige (y con razón) explicaciones públicas, transparencia en los intercambios que motivaron estos cambios y la apertura inmediata de canales de participación ciudadana que permitan reconstruir la legitimidad del proceso.

No alcanza con gestos simbólicos como juramentos que pretenden cerrar controversias; lo que corresponde es una revisión abierta del cronograma, la difusión completa de todas las comunicaciones internas relevantes y la convocatoria a audiencias públicas que incluyan a organizaciones de la sociedad civil, universidades y actores independientes.

En definitiva, la historia de Servín: del rechazo al juramento, es más que la crónica de una contradicción personal.

Es un síntoma de la enfermedad institucional que atraviesa a Formosa: un poder centralizado que, frente a cuestionamientos, no responde con diálogo ni con garantías democráticas, sino con movimientos tácticos para recomponer mayorías y conservar el control.

Si la reforma constitucional aspira a ser legítima, deberá, primero, limpiar el proceso de prácticas que la deslegitiman; de lo contrario, lo que se construya podrá tener validez legal, pero carecerá del respaldo social que toda Carta Magna necesita para perdurar.