El aumento no es un hecho aislado ni casual. Forma parte de una arquitectura legal que fue incorporada previamente en el presupuesto provincial, donde el Poder Ejecutivo le otorgó al organismo recaudador herramientas mucho más duras para ajustar y sancionar durante el nuevo ciclo fiscal.

Entre esas facultades se incluyó la posibilidad de ampliar o incrementar tasas sobre deudas tributarias y modificar impuestos mínimos. En los hechos, esto habilita a la Agencia Tributaria Provincial no solo a actualizar montos fijos, sino también a encarecer el costo del incumplimiento en un contexto donde la morosidad crece producto de la caída del consumo y la recesión.

El ajuste quedó formalizado a través de la Resolución General 1 de 2026, el primer documento oficial del año emitido por la administración de rentas. Allí se estableció un incremento del 25 por ciento en la Unidad Tributaria, que pasó de 800 pesos a 1000 pesos a partir del 5 de enero de este año.

La medida ya está vigente y tiene impacto inmediato sobre todos los trámites, sellados y presentaciones realizadas desde el inicio del mes. Aunque el aumento se toma como referencia sobre el ejercicio 2025, su aplicación no contempla ningún esquema de transición ni alivio para los contribuyentes.

La gravedad del incremento no radica solo en el número, sino en su efecto multiplicador. La Unidad Tributaria funciona como un indexador de toda la política fiscal provincial. Al subir la Unidad Tributaria, se encarece automáticamente todo lo que esté expresado en ese parámetro dentro del Código Fiscal.

Esto impacta de forma directa en impuestos, contribuciones, sanciones económicas y tasas administrativas. Desde una multa de tránsito hasta la habilitación de un comercio, todos los costos aumentaron un 25 por ciento de manera automática y sin ningún tipo de amortiguación para los sectores más golpeados.

Aquí aparece una contradicción difícil de disimular. Mientras el discurso oficial responsabiliza casi exclusivamente a las políticas nacionales por la caída del consumo y el deterioro de la actividad comercial, el propio Gobierno provincial incrementa la presión impositiva sobre esos mismos actores económicos que asegura querer proteger.

Por un lado, se repite que las ventas caen, que los comercios están al límite y que los costos fijos se dispararon. Por el otro, la respuesta concreta es un nuevo ajuste fiscal que termina profundizando el ahogo financiero de quienes producen, invierten y sostienen el empleo.

La lógica resulta difícil de justificar: se reconoce públicamente que la economía está golpeada, pero se decide cargar todavía más peso sobre los contribuyentes locales. El mensaje implícito parece ser claro: pagar primero y reclamar después, aun cuando los márgenes de supervivencia son cada vez más estrechos.

La preocupación no se limita al valor de la Unidad Tributaria. La Agencia Tributaria Provincial cuenta además con la facultad de aumentar las tasas aplicadas a las deudas impositivas, lo que puede encarecer aún más los pasivos de quienes no logren cumplir en tiempo y forma.

Aunque esa herramienta todavía no fue aplicada, la normativa habilita incluso a duplicar tasas de mercado, generando escenarios claramente abusivos para pequeños y medianos contribuyentes.

En paralelo, llama la atención la pasividad de algunas representaciones gremiales del comercio local, que suelen elevar fuertes críticas al Gobierno nacional, pero mantienen un llamativo silencio frente a los aumentos impositivos impulsados desde la provincia.

El inicio de este 2026 deja así un clima de incertidumbre creciente sobre la capacidad de supervivencia del sector comercial formoseño frente a un nuevo avance recaudatorio que, lejos de aliviar, profundiza la presión sobre una economía ya debilitada.