Apenas un mes antes, en junio de 2025, el Tribunal Federal de Formosa condenó a Federico Sotelo, de 32 años, como líder de una red narco que operaba desde Formosa hacia Buenos Aires y Uruguay, utilizando vehículos con doble fondo para trasladar grandes cargamentos de marihuana y cocaína.

Durante la causa, se secuestraron 739 kg de marihuana y 97 kg de cocaína, y hubo al menos once personas condenadas por formar parte de esa estructura.

Peor aún, en abril de 2025, la policía formoseña detuvo a un individuo y secuestró más de 620 kg de marihuana transportados en motocicletas. El operativo se extendió por más de 3.500 metros hasta la ribera del río Paraguay donde los narcos escaparon en una embarcación.

Según la Dirección General de Drogas Peligrosas, entre enero y julio se desarticularon 116 puntos de venta al menudeo y se secuestraron más de 129 kg de marihuana, además de cocaína, psicofármacos y plantines de cannabis, poniendo en causa a 1.218 personas, incluyendo menores.

Frente a esta realidad, el gobierno provincial niega la existencia de cárteles organizados, calificando estas versiones como "operaciones mediáticas", y asegurando que la Justicia federal no tiene investigaciones que vinculen a la provincia con carteles internacionales como el de Sinaloa.

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, múltiples voces han comenzado a asociar a Formosa con prácticas autoritarias y vínculos políticos cuestionables. Por ejemplo, la diputada nacional Mariana Zuvic vinculó directamente a Gildo Insfrán con redes del narcotráfico, señalando una carga de 23 mil kg de cocaína exportada a Europa desde Argentina.

Además, en informes de investigación y denuncias públicas, se documentó la existencia de pasos fronterizos informales muy transitados entre Paraguay y Clorinda, utilizados sin control migratorio ni aduanero.

El contraste es llamativo. Por un lado, se multiplican los operativos devastadores que demuestran una logística criminal sofisticada con estructuras internas en la provincia. Por otro, el sistema político controla férreamente el poder desde hace décadas, con un Estado provincial que, según críticos y organismos de derechos humanos, funciona bajo un modelo de “control absoluto” y limitaciones a la democracia local.

Con una población vulnerable, zonas de frontera como Clorinda aisladas y una presencia institucional opaca, surgen preguntas difíciles: ¿está Formosa transitando hacia un narco-Estado? ¿Puede justificarse como problema de seguridad o es parte de un entramado sistemático, donde la política y el narcotráfico se acomodan bajo un mismo paraguas?

Mientras las camionetas llegan a Chile cargadas con droga que atravesó territorio formoseño, y los puentes clandestinos siguen sirviendo como ruta de escape, lo que queda claro es que la frontera no solo es geográfica: es también un terreno movedizo entre la ley, el silencio y el negocio ilícito.