Según los documentos judiciales, las multas responden a presuntas irregularidades ambientales detectadas en varios predios del senador durante los últimos años. Los montos, calificados por la defensa como “desproporcionados”, equivalen a casi cuarenta veces el presupuesto anual de algunas municipalidades del interior provincial.

Desde el entorno de Paoltroni sostienen que las sanciones persiguen un fin político: “Este proceso tiene como objetivo desalentar nuestra participación en la convención constitucional y frenar la voz crítica de la oposición”, afirmó uno de sus asesores. En la misma línea, referentes del Frente Amplio Formoseño denunciaron que la Justicia local actúa bajo instrucciones del Ejecutivo provincial.

El Frente de Todos provincial, en cambio, defendió la actuación de los tribunales y sostuvo que “nadie está por encima de la ley, sea legislador, empresario o ciudadano común”. Fuentes oficiales recordaron que las causas por desmontes ilegales vienen tramitándose desde hace más de dos años y que las multas solamente reflejan el valor de la reparación ambiental estimada por peritos.

La controversia promete trasladarse al ámbito nacional, donde legisladores de distintas fuerzas han expresado su preocupación por el uso que el gobernador Insfrán podría estar haciendo de los recursos judiciales para acallar a la disidencia. Mientras tanto, Paoltroni continúa su labor como convencional y ya adelantó que interpondrá recursos para frenar las multas y revisar los fundamentos de la causa.