Política
Adoctrinamiento

La provincia, rehén del "gildismo": el abuso de los recursos del Estado al servicio del culto personal

El Gobierno de Gildo Insfrán sigue destinando recursos estatales a fines partidarios y personales.

En medio de una alarmante crisis social que afecta a la provincia, donde siete de cada diez niños viven en situación de pobreza o indigencia, el Gobierno de Gildo Insfrán sigue destinando recursos estatales a fines partidarios y personales.

La maquinaria oficialista, lejos de priorizar las necesidades de la población, parece enfocarse en el mantenimiento de un esquema de propaganda, clientelismo y adoctrinamiento destinado a consolidar su hegemonía política.

El uso de los fondos públicos para promover el culto a la personalidad del gobernador es evidente en toda la provincia. Gigantografías, carteles, eventos y hasta colonias de vacaciones son empleados como herramientas de adoctrinamiento, incluso entre los más jóvenes. Espacios públicos como piletas municipales se transforman en escenarios de propaganda oficialista, mientras las condiciones de vida de miles de formoseños se deterioran día a día.

La discriminación financiera hacia los municipios que no se alinean con el oficialismo es una práctica recurrente. Estos distritos carecen de recursos esenciales, mientras que el gobierno provincial no escatima en fondos para crear estructuras paralelas que operan con fines partidarios. Se reporta la inauguración de obras sin la presencia de las autoridades locales y el uso de maquinaria estatal en actividades de tinte proselitista, adornadas con pancartas y banderas del Partido Justicialista (PJ).

Además, los recursos destinados a la promoción de dirigentes alineados con el gildismo refuerzan un aparato político cuya única finalidad parece ser perpetuar a Insfrán en el poder. Este modelo de gestión desvía fondos que deberían dirigirse a áreas clave como salud, educación, infraestructura y asistencia social, las cuales se encuentran en un preocupante estado de abandono.

La situación se agrava con la persecución política hacia intendentes opositores, quienes son marginados financieramente. Incluso se les niegan los recursos necesarios para cumplir con obligaciones básicas, como el pago del bono extraordinario que sí se otorgó a municipios oficialistas. Estas acciones no solo castigan a los disidentes, sino que también profundizan las desigualdades en una provincia golpeada por la falta de transparencia y la corrupción.

Mientras muchas familias luchan por llegar a fin de mes, los recursos públicos se dilapidan en una estrategia política que prioriza el poder absoluto sobre el bienestar colectivo. La urgencia de un cambio es evidente, y corresponde a los ciudadanos exigir transparencia, justicia y el fin del uso partidario de los fondos del Estado.

El modelo gildista ha dejado en claro que su prioridad no es el desarrollo de la provincia, sino la consolidación de un sistema que perpetúa las desigualdades y limita las oportunidades para las generaciones futuras.

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