Aguayo, una de las voces más destacadas de la oposición, subrayó la importancia de proyectar una Constitución que mire “40 o 50 años adelante”.

La convencional constituyente reconoció la desventaja numérica frente al oficialismo, pero insistió en que es una oportunidad para que el gobierno de Insfrán abandone su postura monolítica y permita un debate genuino.

“Vamos a dar pelea en cada comisión”, aseguró, tras reunirse con comunidades indígenas, sindicatos, ONGs y la Federación Agraria, quienes expresaron demandas urgentes que chocan con las políticas del oficialismo.

Voces ignoradas y derechos en riesgo

Las comunidades indígenas Wichí, Pilagá, Nivaclé y Qom manifestaron un temor fundado: que la reforma constitucional, impulsada por Insfrán, pueda significar un retroceso en derechos conquistados tras décadas de lucha.

Este recelo no es aislado; el historial del gobierno formoseño, caracterizado por la marginalización de los pueblos originarios, genera desconfianza sobre las verdaderas intenciones de la reforma.

La oposición promete llevar estas voces al debate, pero la hegemonía justicialista pone en duda su capacidad de incidencia.

Por su parte, los productores de la Federación Agraria exigieron que las declaraciones de emergencia agropecuaria y la asistencia estatal ante crisis climáticas o productivas tengan rango constitucional.

“No queremos que dependan del humor del gobernante”, enfatizó Aguayo, en una clara crítica a la discrecionalidad con la que Insfrán ha manejado los recursos provinciales.

Esta demanda refleja el hartazgo de un sector clave, asfixiado por la falta de políticas estructurales y la improvisación oficialista.

El sector docente, otro pilar de la consulta opositora, planteó reducir la burocracia escolar, proteger el sistema jubilatorio, priorizar la salud mental de los educadores y garantizar la igualdad salarial.

Estas propuestas chocan con la realidad de una provincia donde la educación pública enfrenta años de desinversión, mientras los maestros lidian con condiciones laborales precarias y un gobierno que prioriza el control político sobre la calidad educativa.

Un proceso bajo la sombra del poder

La reforma constitucional, presentada por Insfrán como una oportunidad para “actualizar” la Carta Magna, es vista por la oposición como un intento del gobernador de consolidar su hegemonía, tras casi tres décadas en el poder.

La falta de transparencia en la conformación de la Convención y la sobrerrepresentación del justicialismo refuerzan esta percepción.

Aguayo advirtió que temas como el empleo, la migración de jóvenes y la crisis educativa deben ser centrales en el debate, pero señaló que “el oficialismo debe permitir discutirlos de cara a la sociedad”.

Hasta ahora, la gobernación mostró poca disposición al diálogo, optando por un blindaje político que limita las voces disidentes.

Mientras Insfrán busca moldear una Constitución a su medida, la oposición apuesta a visibilizar los problemas estructurales que su gestión no ha resuelto: desigualdad, exclusión y falta de oportunidades.