Notificaciones Inefectivas: La entrega de las cartas documento no se está realizando de manera efectiva, especialmente en el interior de la provincia. La falta de nomenclatura de calles y numeración de domicilios dificulta la localización de los beneficiarios.

Exigencias Inaccesibles: Se exige a personas con discapacidad que se presenten en establecimientos privados en fechas y horas específicas, bajo la amenaza de la suspensión del beneficio. Esta exigencia ignora las dificultades de movilidad y la falta de recursos para costear traslados, como ambulancias, para estas personas.

Lenguaje Confuso y Problemas de Entrega: Las cartas documento utilizan un lenguaje técnico que resulta difícil de comprender para los beneficiarios, especialmente para aquellos que reciben tratamiento ambulatorio. Además, se han detectado casos en los que las citaciones son entregadas a terceros, en lugar de directamente al titular de la pensión.

El Ombudsman formoseño, Dr. José Leonardo Gialluca, ha denunciado que estas situaciones no son exclusivas de Formosa, sino que se replican en todo el país. A pesar de las advertencias previas, la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) no ha realizado las correcciones ni ajustes necesarios antes de enviar las notificaciones. La situación se agrava aún más en Formosa, donde la delegación de la ANDIS ha sido desmantelada, limitando el acceso a asesoramiento y defensa para los pensionados.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo de Formosa insta a la ANDIS a:

-Suspender Inmediatamente las Citaciones: Hasta que se establezcan criterios claros y justos para las revisiones.

-Informar Detalladamente los Criterios de Revisión: Explicar de manera transparente el proceso de revisión de las pensiones.

-Garantizar Notificaciones Directas y Comprensibles: Asegurar que las notificaciones se entreguen directamente a los titulares y que utilicen un lenguaje claro y accesible que explique el alcance de la revisión y sus consecuencias.

-Simplificar la Documentación: Reducir la burocracia y facilitar la presentación de la documentación necesaria.

-Facilitar el Acceso a las Entrevistas: Realizar las entrevistas en los lugares donde se encuentran los beneficiarios o, en su defecto, en dependencias cercanas a sus domicilios, considerando las circunstancias personales y la edad avanzada de muchos pensionados.

La Defensoría advierte a la ANDIS que el Estado Nacional está obligado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas con enfermedades graves y problemas de salud mental. Se espera que tanto la ANDIS como el Ministerio de Salud de la Nación revisen el modo en que se está llevando a cabo esta auditoría, ya que la baja de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) implica la suspensión de ingresos económicos y la pérdida del acceso al servicio de salud para miles de personas.