La Defensoría del Pueblo alertó que el vaciamiento de Vialidad Nacional pone en riesgo las rutas
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa expresó su preocupación ante el proceso de reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, al considerar que implica un retiro del Estado nacional en una función estratégica.
El organismo sostuvo que este cambio podría afectar la seguridad vial, la integración territorial y el desarrollo federal, al limitar el rol estatal en la construcción y mantenimiento de rutas.
El defensor del pueblo formoseño, José Leonardo Gialluca, afirmó que las modificaciones impulsadas representan un avance sobre los límites institucionales establecidos por la Constitución Nacional.
Según señaló, el Poder Ejecutivo continúa aplicando transformaciones administrativas en la estructura del organismo, a pesar de advertencias formuladas desde distintos ámbitos judiciales y legislativos.
Desde la Defensoría indicaron que el nuevo esquema en estudio reduciría el papel de Vialidad Nacional a tareas de planificación, control y fiscalización, dejando de lado la ejecución directa de obras. Esto implicaría que el Estado deje de intervenir en la construcción y conservación de rutas nacionales, trasladando esas responsabilidades a concesiones privadas.
Gialluca advirtió que esta redefinición supone un retiro explícito del Estado de una función esencial, con impacto particularmente negativo en regiones como el Norte Grande Argentino, donde muchas obras no resultan atractivas para la inversión privada debido a su baja rentabilidad.
En ese marco, el defensor solicitó formalmente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que se abstengan de avanzar con medidas que impliquen la eliminación o desnaturalización del organismo.
También reclamó que no se transfieran competencias clave al sector privado ni se supriman funciones operativas fundamentales.
La Defensoría sostuvo que limitar el rol de Vialidad Nacional a tareas administrativas implicaría despojar al organismo de su función histórica en el desarrollo y mantenimiento de la red vial.
Además, advirtió que el nuevo modelo podría provocar aumentos significativos en el costo de los peajes, al priorizar la rentabilidad económica por sobre el interés público.
Finalmente, el ombudsman responsabilizó a los funcionarios nacionales por las posibles consecuencias de esta política, que, según advirtió, podrían derivar en daños institucionales, patrimoniales y laborales, además de generar un impacto social profundo en caso de que el organismo pierda su rol operativo.
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