La Provincia
Varados

La Cámara Federal de Chaco confirmó la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso a Formosa

Las camaristas Rocio Alcalá y Delfina Denogens, de la Cámara de Apelaciones de Chaco, el día que asumió Pablo Morán como juez federal número uno de Formosa. Al acto también asistió Insfrán.

La Justicia Federal le sigue dando la razón a las personas que están varadas en el límite de Chaco y Formosa hace meses y piden ingresar a la provincia.

Si bien, en su momento desde el Superior Tribunal de Justicia de Formosa se dijo que la Justicia Federal no podía inmiscuirse en la política sanitaria de la provincia, y luego que el propio juez federal subrogrante, Fernando Carbajal, fallara rechazando lo dicho por el STJ, ahora la Cámara Federal de Chaco falló diciendo que el planteo de Carbajal sobre la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado de Formosa es correcto. Por lo que se deberán articular los mecanismos para acelerar el ingreso de estas personas.

El juez federal Fernando Carbajal había sentenciado que es inconstitucional el sistema de ingreso ordenado y administrado que tiene la provincia de Formosa. Tal resolutorio fue apelado por la Fiscal de Estado Estela Zabala, y ahora se conoció el fallo de la Cámara Federal que confirmó lo resuelto en la primera instancia por el juez Carbajal.

Además, la Fiscalía de Estado había pedido que la Cámara tome en cuenta lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia sobre la competencia en materia sanitaria, más aun en pleno de la pandemia de covid-19, sin embargo, las camaristas Rocío Alcalá y María Delfina Denogens aclararon en su fallo que no intervenían en la política sanitaria de la provincia sino en los efectos en los derechos constitucionales personalísimos, del programa de ingreso ordenado y el modo en que se está aplicando.

En este sentido, al confirmar el fallo de Carbajal, la provincia deberá readecuar el programa de ingreso para evitar los prolongados periodos de espera de los formoseños que pretenden ingresar.

Para tomar su decisión, la Cámara basó el resolutorio en extensa jurisprudencia y fallos de la propia Corte Suprema, que señalan en pocas palabras que las políticas sanitarias deben implementarse de un modo de respetar los derechos constitucionales de las personas.

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