El recorte no solo implica la pérdida de puestos laborales, sino también la eliminación de un espacio que cumplía un rol fundamental en el acompañamiento a los pequeños agricultores de la provincia, muchos de los cuales dependen de la asistencia técnica y logística para sostener sus actividades.

Con esta medida, el gobierno de Gildo Insfrán, que lleva casi tres décadas en el poder, vuelve a dejar en evidencia la contradicción entre su retórica de protección social y la realidad concreta de los trabajadores.

Mientras se insiste en la defensa del aparato estatal como garante del bienestar, se ejecutan despidos que impactan directamente sobre las economías familiares y el sector agrícola.

Los cesanteados reclaman respuestas y advierten que no fueron recibidos por ninguna autoridad provincial tras la decisión. La incertidumbre crece entre los despedidos, que quedaron sin ingresos y sin un horizonte claro en un contexto económico ya de por sí asfixiante.

La situación refleja una nueva crisis laboral en Formosa, donde los trabajadores vuelven a ser la variable de ajuste en una provincia que, pese a contar con un presupuesto provincial sostenido por la coparticipación nacional, no garantiza estabilidad ni continuidad en áreas sensibles como la agricultura familiar.