Aunque Insfrán evitó expresarse en primera persona, difundió el documento oficial del PJ local y lo respaldó de manera implícita. El gobernador sostuvo que el fallo “pone en jaque la soberanía popular” y argumentó que es una expresión institucional de denuncia frente a una supuesta persecución política.

Además, la defensa de Cristina se tradujo en un acto político llevado a un acto institucional: durante la inauguración de una escuela en Colonia San Isidro (“acto escolar”), Insfrán pronunció un discurso cargado de consignas partidarias, calificó de “militantes” a los presentes e incluso atacó a opositores como Javier Milei y Patricia Bullrich, aliándose con el kirchnerismo. El episodio disparó críticas por mezclar educación pública y política pesada.

Esta serie de intervenciones evidencia la consolidación de un poder provincial permeado por el PJ bajo Insfrán. Su respaldo a una figura judicialmente cuestionada y la politización de actos públicos exponen una estrategia que trasciende lo partidario y cuestiona las bases del Estado republicano en Formosa.

Al alinear la gestión provincial con los intereses del kirchnerismo y enfrentar al Poder Judicial, Insfrán profundiza la grieta institucional. Lejos de representar federalismo y respeto a la ley, su postura refuerza un modelo de provincia-clientela, donde el poder local redefine límites entre gobierno institucional y beneficio político.