Estos desmontes no son hechos aislados: Greenpeace advierte que, desde la sanción de la Ley de Bosques, el ritmo de deforestación en Formosa se multiplicó hasta por cuatro, alcanzando cientos de miles de hectáreas perdidas.

Pese a estar obligada por normativa nacional, la provincia de Insfrán no actúa para detenerlas ni penaliza a los responsables, consolidando una política sistemática de complicidad institucional.

La gravedad del problema se agrava en medio de una crisis ambiental y climática en la que la desaparición del bosque nativo genera consecuencias en el consumo de agua, calidad del suelo, desaparición de fauna y expulsión de comunidades campesinas e indígenas.

Todo esto sucede mientras el gobierno provincial continúa otorgando permisos de desmonte que deberían estar vetados en la práctica, pese a las prohibiciones establecidas por la legislación ambiental nacional.

No solo se trata de negligencia, sino de una actuación política deliberada: la destrucción queda invisibilizada por la falta de controles locales efectivos y por un aparato institucional que prioriza los intereses empresariales por encima de la protección ambiental.