Estas operaciones, realizadas mediante cinco órdenes de pago bajo el concepto de “Haberes”, habrían incluido información falsa, como la denominación de “ASFL” (Asociación Sin Fines de Lucro) para el partido político, cuyo CUIT no corresponde a una ONG. Por ello, se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

En este contexto, la Cámara Correccional y Criminal Federal aceptó a Neme como parte querellante, aunque su incorporación está sujeta al cumplimiento de requisitos formales. Además, el expediente podría reevaluar su jurisdicción a medida que avance la pesquisa. El fiscal Taiano solicitó la apertura formal de la investigación para esclarecer las circunstancias de las transferencias y determinar responsabilidades.

Las denuncias también apuntan a funcionarios del Gobierno provincial, como las tesoreras Ana María Tesorieri, Liliana Noemí Barboza y el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel A. Antinori, quienes habrían autorizado los pagos. Se cuestiona si estos fondos fueron utilizados para pagar sueldos de miembros del Partido Justicialista o si encubren un esquema de desvío de recursos públicos.

Este caso se suma a otras controversias que rodean a Insfrán, incluyendo críticas por su reelección indefinida y el uso discrecional de recursos en un contexto de emergencia económica y social en Formosa, donde persisten problemas como la escasez de agua y cortes de energía. La investigación sigue en etapa preliminar, sin resoluciones judiciales definitivas hasta el momento.