En un contexto donde trece distritos renovarán sus legislaturas, ocho provincias ya resolvieron desenganchar sus elecciones locales de las nacionales: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Salta, Jujuy, San Luis, Santa Fe, Misiones y, recientemente, la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Formosa sigue sin definir su rumbo, al igual que La Rioja y Mendoza.

La incertidumbre no es casual. Insfrán mantiene en reserva cualquier información sobre el cronograma electoral y deja abierta la posibilidad de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tal como ha sucedido en otras provincias dominadas por el peronismo.

Tampoco está claro si se cambiará la modalidad de votación, con la posible implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), aunque esto parece poco probable bajo su gestión.

El mandatario justificó su indefinición en la necesidad de "evitar el desgaste y el gasto público", un argumento similar al utilizado por Axel Kicillof en Buenos Aires para desdoblar las elecciones. Sin embargo, en Formosa, donde Insfrán maneja el poder sin oposición real, la indefinición parece responder más a una estrategia política que a un problema logístico.

Un esquema de poder inalterable

La dilación en la definición electoral es solo una de las tantas herramientas que Insfrán ha utilizado para mantener su dominio sobre la provincia. Con un control absoluto del aparato estatal, la justicia y la policía, el gobernador formoseño sigue sin dar señales claras sobre cómo y cuándo se votará en el distrito.

Mientras tanto, la oposición intenta reorganizarse en un terreno hostil, donde el oficialismo no deja margen para disputas electorales en igualdad de condiciones.

En este contexto, lo que suceda en Formosa no solo definirá el futuro legislativo de la provincia, sino que también servirá como un termómetro para medir el alcance del control político que Insfrán sigue ejerciendo después de casi tres décadas en el poder.