Política
¿Injusticia?

Gildo, el niño mimado de Milei: Formosa es la provincia que menos aporta pero la que más recibe de coparticipación

El gobernador, Gildo Insfrán, se posiciona como presunto opositor, pero ha sido beneficiado por la gestión de Javier Milei. (Dibujo: NOVA)

Pese a su perfil presuntamente opositor, el gobernador Gildo Insfrán ha sido uno de los mandatarios menos afectados por la motosierra de Javier Milei. En el contexto de la coparticipación federal y otras transferencias automáticas reguladas por la Ley 23.548, la provincia ha recibido una importante cantidad de plata, a pesar de que aporta menos que otros distritos.

A lo largo de casi tres décadas, Gildo Insfrán ha mantenido el control de la provincia de Formosa, en gran medida gracias a un sistema de coparticipación federal que le otorga recursos económicos que superan notablemente la media provincial.

A pesar de su imagen como opositor al gobierno de Javier Milei, la administración de Insfrán ha logrado salir relativamente ilesa del embate del nuevo gobierno, lo cual invita a un análisis profundo sobre el papel de la coparticipación en la sostenibilidad de su gobierno y los efectos del clientelismo en la política provincial.

La Ley 23.548, que regula las transferencias automáticas de recursos, se ha convertido en un pilar fundamental para la financiación del estado provincial de Formosa. Según datos del Ministerio de Economía y analizados por la consultora Idesa, cada habitante de Formosa recibe aproximadamente 2,350 dólares anuales bajo el concepto de coparticipación, cifra que contrasta notablemente con los 900 dólares que recibe, en promedio, cada habitante de otras provincias argentinas.

Este desfasaje no solo es un reflejo de la "solidaridad" interprovincial, sino que también revela un mecanismo estructural que facilita la perpetuación en el poder de líderes como Insfrán. Jorge Colina, director de Idesa, señala que dicha solidaridad se traduce en un sistema clientelista donde los recursos públicos son utilizados para asegurar el apoyo popular, perpetuando al gobernador en su cargo mediante prácticas que, aunque eficaces en términos políticos, son éticamente cuestionables.

El discurso de Insfrán, que resuena en actos públicos, donde lamenta la disolución de la Secretaría de Vivienda de la Nación y critica la retención de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), refleja una estrategia que busca fortalecer su imagen como defensor de los intereses provinciales.

Este enfoque no solo resuena entre sus seguidores, sino que sirve para reforzar la idea de que su gobierno es el único garante del bienestar de los ciudadanos formoseños. Sin embargo, el sólido flujo de recursos de coparticipación, que representa cerca del 94 por ciento de los ingresos tributarios de la provincia, sugiere que la gestión de la recaudación local es, en términos prácticos, marginal.

El caso de Formosa es ilustrativo de un fenómeno más amplio en la política argentina, donde la coparticipación se ha posicionado como una herramienta crucial para la financiación de gobiernos locales y como fundamento de prácticas clientelistas. La gestión de Insfrán, lejos de ser un caso aislado, refleja patrones que se repiten en diferentes provincias, donde el uso desmedido de recursos públicos contribuye a la consolidación del poder político a expensas de un desarrollo más austero y eficiente.

En conclusión, la administración de Gildo Insfrán en Formosa, acertadamente protegida por un sistema de coparticipación federal altamente favorable, destaca la compleja interacción entre recursos económicos y prácticas políticas en el país.

La "solidaridad" del resto de las provincias hacia Formosa, lejos de ser únicamente un acto altruista, se convierte en un poderoso recurso para el mantenimiento del clientelismo político, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficacia y la ética en la distribución de recursos públicos.

La situación de Formosa presenta un escenario donde la sostenibilidad del poder está intrínsecamente ligada a las dinámicas de la coparticipación, evidenciando un ciclo que, en términos de justicia social y desarrollo equitativo, merece una reconsideración profunda.

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