Una familia wichí, víctima de las promesas incumplidas y el desamparo, fue llevada a Buenos Aires bajo el pretexto de declarar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Según relataron Ismael Ifrán y Lorena Frías en Radio Formosa, Neme los contactó ofreciendo ayuda médica y justicia, pero terminaron abandonados en la capital, sin recursos ni apoyo.

La pareja denunció que, tras promesas de cubrir gastos y tratamientos, fueron dejados a su suerte, forzados a pagar de su bolsillo y sin recibir la asistencia prometida.

Sin embargo, el foco de la controversia no debería recaer en las acusaciones cruzadas, sino en el uso descarado que Insfrán hace del aparato mediático provincial.

Con una pauta millonaria, el aspirante a dictador orquesta una narrativa que pinta a Neme como manipuladora, mientras evade su propia responsabilidad en el abandono sistemático de los wichí.

La comunidad indígena, golpeada por la pobreza y la indiferencia del Gobierno formoseño, es instrumentalizada para desviar la atención de las verdaderas fallas: la falta de políticas públicas efectivas y el hambre que azota a los más vulnerables.

Neme, en un descargo en redes sociales, acusó a Insfrán de comprar testigos y financiar medios como El Destape para amplificar esta operación. “El gobierno de Formosa pagó para que víctimas de derechos humanos salieran a decir que yo las utilicé políticamente. Todo armado. Todo pago”, afirmó.

Más allá de la veracidad de estas acusaciones, lo que queda claro es el modus operandi de Insfrán: usar el poder económico para controlar la narrativa y aplastar a la oposición, mientras las verdaderas víctimas –como la familia wichí– siguen sin respuestas ni soluciones.