El Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, informó que la decisión fue emitida por el Juzgado Federal Nº 2, bajo la jueza María Belén López Macé, con la secretaría a cargo de María Lucrecia Gallardo. 

La medida da curso al pedido realizado por un amplio grupo de beneficiarios, respaldados por la Asociación Civil Camino Azul TEA Formosa. El Defensor destacó que el sistema de pensiones, erróneamente denominado “por invalidez laboral”, es una política destinada a reducir desigualdades estructurales que afectan a las personas con discapacidad en Argentina.  

Recordó además que una reforma del decreto regulatorio en septiembre de 2024 añadió nuevas obligaciones, como la actualización de domicilios y causales adicionales para la suspensión de beneficios. Según señala, esta reforma reinstauró criterios previamente declarados inconstitucionales, además de permitir la cancelación de pensiones cuando las auditorías no lograban ubicar a los titulares según los domicilios declarados.  

Estas prácticas desencadenaron numerosas irregularidades, afectando tanto los derechos de defensa como las condiciones de vida de los beneficiarios. Respecto al fundamento del reclamo judicial, Gialluca explicó que muchos de los beneficiarios no lograron completar los estudios médicos obligatorios debido a las largas esperas en el sistema público y los elevados costos en la atención privada.