En ese marco, sostuvieron que la eliminación de la agencia y su absorción por el Ministerio de Salud no esclarece los hechos denunciados ni fortalece los mecanismos de control, sino que reduce la capacidad institucional del Estado para abordar integralmente la discapacidad.

El jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, remarcó que la ANDIS cumple un rol central no solo en la administración de beneficios económicos, sino también en la coordinación de prestaciones sanitarias y sociales, por lo que su cierre afecta un esquema integral de atención.

En ese sentido, recordó que meses atrás el Ejecutivo nacional avanzó con la eliminación de pensiones por discapacidad, una decisión que, según advirtió, impacta de manera directa en el acceso a la salud y a la protección social.

Las críticas apuntaron especialmente a que la medida podría entrar en tensión con compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al debilitar estructuras estatales destinadas a garantizar inclusión, igualdad ante la ley y acceso efectivo a derechos básicos.

Más allá de las diferencias políticas entre Nación y provincias, el debate volvió a poner en foco el modelo de abordaje de la discapacidad. Desde sectores técnicos advirtieron que la eliminación de la ANDIS puede implicar un retroceso hacia enfoques reducidos al plano médico, dejando de lado dimensiones clave como educación, trabajo, transporte y participación social.

El cierre del organismo abre así un escenario de incertidumbre institucional, con cuestionamientos centrados en la decisión del Gobierno nacional y en las consecuencias que podría tener sobre las políticas públicas vinculadas a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.