Este fenómeno, impulsado principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria, tiene graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas que comprometen el futuro de la provincia. 

Según datos oficiales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, entre 1998 y 2023, Argentina perdió aproximadamente 7 millones de hectáreas de bosques nativos, de las cuales un 13 por ciento corresponde a Formosa, siendo una de las provincias más afectadas junto a Santiago del Estero, Salta y Chaco. 

Solo en 2023, Formosa registró la deforestación de 36.915 hectáreas, entre desmontes e incendios, muchas de las cuales ocurrieron en zonas protegidas por la Ley de Bosques (N° 26.331).  

Desde la sanción de esta ley en 2007, la superficie desmontada en Formosa se ha cuadruplicado, pasando de 95.010 hectáreas entre 1998 y 2007 a 506.961 hectáreas entre 2008 y 2023.

La principal causa de esta deforestación es el avance de la ganadería intensiva y el cultivo de soja transgénica, actividades que requieren grandes extensiones de terreno despejado.  

Sin embargo, la implementación laxa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Formosa, que clasifica cerca del 70 por ciento de sus bosques en la Categoría III (verde), permite desmontes legales en áreas de alto valor ecológico, exacerbando el problema. 

Pérdida de biodiversidad: una alarma creciente  

El impacto del desmonte en la biodiversidad es devastador. La región del Gran Chaco, donde se encuentra la provincia, es el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y alberga 3.400 especies de plantas, 500 tipos de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. 

Especies autóctonas como el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y el tatú carreta (Priodontes maximus), todas clasificadas como vulnerables o en peligro de extinción.

La destrucción del monte nativo reduce los corredores ecológicos esenciales para su supervivencia, generando desequilibrios que afectan la cadena alimenticia y los servicios ecosistémicos, como la polinización y la regulación climática.  

Organizaciones como Greenpeace han alertado que la deforestación en Formosa no solo pone en riesgo a estas especies, sino que también contribuye al cambio climático al liberar grandes cantidades de carbono almacenado en los bosques.  

En 2020, las emisiones por deforestación en Formosa, Salta, Chaco y Santiago del Estero alcanzaron 20.922.835 toneladas de CO2 equivalente. 

Consecuencias ambientales y sociales  

El desmonte tiene efectos devastadores en el ambiente y las comunidades locales. La eliminación de la cobertura vegetal provoca erosión del suelo, salinización por el ascenso de napas freáticas y alteraciones en el ciclo hidrológico, transformando tierras fértiles en desiertos verdes.  

Según Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, “el suelo es muy rico cuando está el monte, pero sin él se vuelve erosionable, no infiltra el agua y se saliniza, quedando como una costra de sal”.  

Esto reduce drásticamente la productividad agrícola a largo plazo, afectando a pequeños productores que dependen de la tierra para su sustento. 

Las comunidades indígenas, como los Pilagá, y los pequeños campesinos enfrentan graves consecuencias sociales. La pérdida de bosques limita el acceso a recursos esenciales como alimentos, madera y agua, afectando sus medios de vida tradicionales.  

En Pozo del Mortero, por ejemplo, los pobladores luchan por conservar sus tierras frente al avance de las topadoras, sin contar con títulos de propiedad ni apoyo legal suficiente. Además, la desaparición de corredores verdes aísla a estas comunidades, dificultando su acceso a servicios básicos y aumentando los conflictos por recursos naturales. 

El Bañado La Estrella, una de las siete maravillas naturales de Argentina, también está en riesgo. Este humedal, vital para la regulación hídrica y la biodiversidad, sufre los efectos indirectos del desmonte, como la reducción de agua disponible en épocas de sequía. 

Llamado a la acción  

Especialistas y organizaciones ambientales urgen la prohibición y penalización de los desmontes ilegales, así como una implementación más estricta de la Ley de Bosques.  

Aunque esta normativa logró reducir la tasa de deforestación de 0.94 por ciento en 2007 a 0.34 por ciento en 2015, su efectividad se ha visto mermada por la falta de controles y la flexibilización. 

Además, el presupuesto asignado al Fondo de Bosques en 2023 fue de solo 9 mil millones, muy por debajo de los 86 mil millones requeridos por ley, lo que limita las acciones de conservación. 

Ante este panorama, se necesitan políticas urgentes para proteger los bosques nativos, garantizar los derechos de las comunidades locales y preservar la biodiversidad única de la región. La lucha por un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental es más crítica que nunca.